En nombre de Carlos: Niños populares, la educación y el Estado

Este año han muerto cuatro niños dentro de establecimientos del Servicio Nacional de Menores (SENAME).

En un principio, las autoridades quisieron ocultar la gravedad de la situación. En abril del 2016, frente a la muerte de Lissette, una niña de 11 años que vivía en una residencia de Estación Central, la ex directora del SENAME, Marcela Labraña, declaró que murió por no recibir visitas de sus familiares. Los funcionarios denunciaron: “Labraña le está mintiendo al país”. Por lo demás, desde el año pasado se venía denunciando que existían falta de infraestructura y personal adecuado para ese centro, de hecho los funcionarios paralizaron tres veces el 2015, sin lograr grandes avances. A Labraña no le quedó otra alternativa que renunciar, agregando estar agradecida por lo realizado. Lo cierto es que no era bien evaluada, siendo acusada de ser colocada por el “cuoteo político”.

A partir de estas dolorosas muertes vinieron los expertos, los tecnócratas, los periodistas, las “rasgaduras de vestiduras” y las cifras, que en general, les encantan a todos los burocráticos y que ocultan las voces de sus protagonistas.

Algunas de ella pueden decirnos algo: El SENAME fue creado en 1979. Actualmente está sobrepoblado, teniendo un fuerte incremento de ingresos (un 18% este año). De los 15.000 menores internados, un tercio tiene alrededor de 7 años. Según el informe del 2012 elaborado por una Comisión Investigadora de la cámara de Diputados, un 86% de los niños y niñas está con problemas psiquiátricos y un 90% ha tenido intentos de suicidio. Otros conflictos se refieren al alto uso de medicamentos y a las largas estadías, separándolos de sus territorios de orígenes e incluso hermanos.

Otra terrible realidad descrita en dicho informe fue la denuncia de 200 niños y niñas por abusos sexuales dentro de los establecimientos del SENAME. ¿De qué protección nos hablan? En torno a las “cárceles de menores”, la ex directora Marcela Labraña, ratificó que no existían porque se llamaban “Centro de Reclusión”, las cuales han sido denunciadas por sus pésimas condiciones de gestión y falta de funcionarios, como es el caso del Centro de Til Til, administrado por una entidad privada, donde en el 2013 murió un joven de 17 años.

Finalmente el informe propuso separar al SENAME en dos organismos diferentes: una focalizada en los adolescentes que tienen problemas con la justicia, mientras que la otra se preocuparía de la protección de menores. A pesar de esto, el proyecto quedó estancado hasta la muerte de Lissette este año, donde el gobierno propuso reponerlo, sobre todo porque se comprobó que para el 2016 se había postergado el presupuesto para tratamientos y cobertura de los centros de protección.

¿Esta es la solución? ¿Separar en dos al SENAME?

Para expertos o ex directores de SENAME, la separación es una medida técnica que busca descomprimir el enorme trabajo de la entidad. Esto no necesariamente pone en el centro a los niños y niñas, sino la gestión de la institución. Y ese es precisamente el problema: tenemos instituciones y personeros más preocupados de las cifras y la gestión, que de las experiencias y voces de los niños y niñas en Chile. Por lo tanto, dineros más, dineros menos, la solución pasa por cambiar el foco, colocando a los niños y niñas como el centro de las prioridades del país, haciendo realidad o acercàndose a que nuestra felicidad comienza por los niños.

La historia de Carlos, un joven en el torbellino.

A comienzos de julio de este año, cuando la ministra de Justicia, Javiera Blanco, fue invitada a la Comisión Investigadora sobre el SENAME de la cámara de Diputados, ésta planteó que actualmente la institución ha avanzado, a pesar de la dificultes, atendiendo en la actualidad un “flujo” de 254.000 los niños y niñas. “Ese es el flujo”, expuso, mientras que el “stock” eran de 8.326 niños y niñas, los cuales viven en las residencias del SENAME. “Horrible la palabra”, dijo después la ministra, pero si es “horrible”, ¿porque la pronuncian?

Las palabras no cambian realidades, pero si reflejan cómo perciben la realidad quienes las utilizan. Por esto razón produce repulsión cuando en el SENAME y otras instituciones hablan de “infractores de ley”, “delincuentes”, “plazas”, “flujo”, “stock”, “NINIS” (jóvenes que Ni trabajan NI estudian) o “usuarios”… Esto refleja el poder de la tecnocracia por sobre los niños y niñas. De allí que nuestra propuesta es colocar en el centro a las personas, como sujetos de derecho y no como objetos de políticas públicas.

Para ello lo primero es escuchar voces y abandonar la indolencia o desperdicio de la experiencia de los niños, niñas y jóvenes populares.

Siempre recuerdo la primera experiencia que tuve en un proyecto de re-escolarización en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Para nosotros, simplemente la “escuelita”. Fue un proyecto que duró dos años (2007-2008), donde conocimos la experiencia de una decena de jóvenes, niños y niñas de 14 a 18 años que no habían terminado la enseñanza básica y algunos tampoco sabían escribir o leer. Una parte de ellos ya había sido fichado como “infractores de ley”, es decir, ya no era personas sino cifras de las oficinas de seguridad pública. Otros habían abandonado el colegio o fueron expulsado por depresión, problemas en sus casas o porque el colegio no los acogía.

La Escuelita era parte de una red de proyectos de reescolarización que era coordinado por una pequeña oficina del Ministerio de Educación. Allí además de enviarnos recursos, se realizaban dos jornadas anuales donde en general las organizaciones se desahogaban y los funcionarios del MINEDUC se defendían. En general estos programas tenían problemas para finalizar con éxito, sobre todo por la complejidad de proceso y la incapacidad de un Ministerio que externalizaba la cruda realidad de descolarización. En la actualidad 100.000 niños y niñas menores de 18 años no están asistiendo a la educación formal. Dentro del debate de la educación poco se ha nombrado esta realidad.

Nos metimos en las patas de los caballos y no estábamos preparados. Teníamos las ganas, eso sí. Nos juntamos por varios meses y realizamos las clases en el ex colegio Poeta Gonzalo Rojas, una escuela cerrada por el alcalde Juan Saavedra el 2006. Una de las personas con quién trabajamos en un comienzo era “Javiera”, una pobladora de La Victoria, la cual se desvivía por los jóvenes populares de su barrio. Los iba a ver a las comisarías, los aconsejaba, se reunia con los programas de seguridad, peros siempre de lado de los jóvenes. Ellas nos presentó a un grupo amplio de niños y niñas que no habían terminado sus estudios.

Así fue como conocimos a Carlos, un joven de 16 años que lo conocimos porque había dejado el colegio en séptimo año. “Javiera” nos contó que su desinterés por los estudios comenzó cuando su madre comenzó a trabajar, sumado a que había nacido una hermana. Era una especie de niño malcriado o regalón qe no fue al colegio por quedarse en casa jugando videojuegos.

Cuando comenzó a ir a la Escuelita, Carlos comenzó a juntarse con algunos de sus compañeros después de clases. Al parecer quería ser reconocido. A los meses tuvimos una reunión con él. Sabíamos que estaba saliendo a robar con algunos de sus compañeros. Le tratamos de decir que esa no era su camino, que no tenía además el carácter para ese mundo. ¿Quién lo está? En realidad partíamos de un supuesto o un prejuicio terrible: al ser sus padres dos trabajadores, ¿por qué él tendría que dedicarse a robar?

Después entendimos que robar no solo es resultado de la desigualdad, además de eso, estaba el afecto. Carlos quería afecto, lo pedía a gritos.

Pero tenía buena ropa, juegos de videos, no vivía mal, pensábamos patéticamente. Uno de sus amigos, Samuel, al contrario, vivía en una mediagua, sin techo, solo tablas sobrepuestas, sin padre y con una madre que no conseguía un trabajo estable. El otro amigo, Jorge, pasaba por algo parecido: padre ausente, madre cesante y problemas de alimentaciòn.

Al poco tiempo Carlos se alejó de la Escuelita. El 2008 lo arrestaron junto a Samuel, Jorge y Felipe, siendo acusados de robarle un celular a un niño que salía de una escuela.

Fuimos a verlos a todos, menos a él, porque estaba en San Bernardo. Aunque poco o nada habían ido a clases, eran estudiantes de nuestra Escuelita. No eran un número de matrícula, sino niños y niñas, que importaban por el hecho de existir.

En la calle Canadá, estaba el centro de Reclusión, una cárcel para menores de edad. Rejas, woki tokis, cabañas y una escuela. Allí los amigos de Carlos nos contaron lo mal que estaba. En la audiencia no paró de llorar. Cuando salió ya era distinto. Se encerró más. Se fue de la casa o lo echaron, vivía en casa de Samuel. Un día le pegaron hasta quedar hospitalizado. Lo fuimos a ver al Barros Luco. Su madre estaba afectada, apenas nos hablaba.

Con el tiempo supimos que el padre de Carlos, un caballero grande y serio, le pegaba desde pequeño. Su hermano mayor también se había ido de la casa.

Carlos comenzó a vender droga, ya no se vestía bien. Un día me lo topé a las diez de la mañana. Venía de trabajar toda la noche. Me pidió dinero. Le di un abrazo preguntándole como estaba. Fue afectuoso, pensé que no sería así, pero se apartó bruscamente: “ya, no me abrece tanto, que me pongo a llorar” o algo así.

El 2014 me encontré con Samuel en una micro. Estaba mucho más grande, con unos veinte años. Venía de trabajar en la construcción. De sus amigos no sabía mucho, uno estaba en la pasta base y otro volvió al sur con su madre ya que había caído detenido por segunda vez. Fue cuando me contó que hace poco habían asesinado a Carlos, en una pelea.

Me sentí hasta culpable. ¿No había conocido Carlos a sus amigos en la Escuelita? ¿No empezó todo ahí?

Carlos significaba mucho, pero ninguna sala de clases llevara su nombre, sobre todo porque para el Estado, no estaba estudiando ni estaba trabajando. Para ellos ni siquiera era una cifra.

Nicolás Acevedo, educador

Imagen de http://www.tiempodebalas.cl

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